La inmigración es una temática contingente; cada año existe un aumento significativo  de dicha población, los que vemos por las calles y variados lugares, sin tener verdadera claridad de que es su vida: ¿vendrán con toda su familia?, ¿los jóvenes migrantes estudiarán en la universidad? En este artículo se pretende dar respuesta por una parte a las acciones de inclusión que realiza la universidad para dar acceso y permanencia al migrante, y por otro lado, analizar algunos factores psicológicos característicos que logran fomentar la inclusión del estudiante en su zona de estudios.

En el caso de Chile se ha observado un aumento significativo de población migrante, de acuerdo al Departamento del Migración y Extranjería, el año 2016 se entregaron 53.622 permanencias definitivas, de éstas, la mayoría son de nacionalidad peruana (40.008), seguido por colombiana (35.166) y luego boliviana (19.636).

Las principales razones para vivir en otro país según la Organización Internacional del Trabajo (2013), corresponden a que: “Los jóvenes migran sobre todo en búsqueda de trabajo decente, mejores condiciones de vida, educación y reunificación familiar, así como por razones humanitarias”. En otras palabras, las mayores motivaciones para irse del país de origen recaen en tener una mejor calidad de vida, siendo relevante el ámbito académico y laboral.

Considerando la cifra de migrantes, que de hecho aumenta sistemáticamente, se problematiza la temática de la migración, y se replantea la duda acerca de ¿Se hace valer el derecho a la educación de los jóvenes migrantes?

Respecto al cumplimiento del derecho a la educación superior de los inmigrantes, el Servicio de Información de Educación Superior (SIES) efectuó una  investigación en el año 2016, cuyos resultados fueron que en esa fecha hubieron 19.219 estudiantes migrantes regulares matriculados en la Educación Superior, lo que representa el 1,5 % de la matricula total. Se observa que 54,1% corresponde a estudiantes con residencia previa en el país, el 17,3% a estudiantes sin residencia previa y, el 3,1 % corresponden a estudiantes matriculados en programas a distancia. No hay información sobre la situación de residencia de 25,4% estudiantes extranjeros regulares. Junto con esto, dicha investigación presenta las edades de ingreso a los estudios de los migrantes; la mayoría (43,4%) tienen hasta 24 años, luego la cifra desciende a 39% para quienes tienen entre 25 y 34 años, y 17,6% corresponde a estudiantes sobre 35 años.

En éste mismo estudio, SIES define a los estudiantes extranjeros regulares como: “El estudiante extranjero regular es aquel estudiante cuya nacionalidad (o nacionalidades) es distinta a la chilena, que está oficialmente registrado en un programa de estudio de pregrado, posgrado y/o postítulo impartido por una institución de educación superior en Chile, con el fin de obtener el título, grado o certificación correspondiente al programa que está cursando” (P. 12), dicha categoría de estudiante mayoritariamente estudia en las universidades (63,3%), luego en los IP (25,8%) y finalmente en los CFT (10,9%), sin embargo  representan solamente el 1.5% de la matricula total.

Se entiende como base que la inclusión del estudiante migrante corresponde, por un lado, a los requisitos formales para el acceso a los estudios de la educación superior, y por otro lado, en la permanencia de los estudiantes a través de medidas concreta que podría desarrollar la Universidad y el Estado. De acuerdo a la cifra de los estudiantes migrantes que cursan carreras de la educación superior, se analiza las dificultades que experimentan los inmigrantes para lograr estudiar.

Para ser aceptado en los estudios superiores, es fundamental cumplir ciertos requisitos formales que solicitan las instituciones vinculadas con los estudio de nuestro país. En primer lugar, al finalizar el ciclo escolar, es necesario rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU) para ingresar vía DEMRE (Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional). Éste organismo solicita IPE (Identificador Provisorio Escolar), fotocopia del pasaporte y convalidación de estudios para estudiar, lo que incita dificultades en varios ámbitos. Por un lado, no todos los extranjeros ingresan con Pasaporte, de hecho, la mayoría de los países de Sudamérica solamente necesitan el carnet de identidad para entrar a Chile. Por otro lado, no todos los inmigrantes tienen la certificación que acredite sus estudios solicitada por el DEMRE, por lo cual, en estos casos, el Jefe UTP (Unidad Técnico Pedagógica) de cada liceo tiene que gestionar con la DEPROV (Departamentos Provinciales) que el estudiante realice pruebas de validación dentro del liceo.

En el gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), se reemplazó el Rut transitorio por un Identificador Provisorio Escolar (IPE), lo cual permite que los estudiantes sean ingresados al sistema centralizado del Mineduc, lo que facilita los cambios de establecimientos educacionales y la rendición de la PSU (Cardozo en Palma, 2017). La ex Ministra de Educación, Adriana Delpiano, señaló que con esta medida “Cumplimos con los principios de inclusión y no discriminación. Es una primera etapa de acceso y permanencia de los niños migrantes en el sistema educacional”. Es central la acción del Ministerio de Educación de poner fin al “Rut 100” ya que, al fin, se les facilita a los estudiantes la obtención de beneficios y la rendición de la PSU. Sin embargo, no todo es felicidad, ya que a cambio de “Rut 100” se entregará el IPE sin visa ni residencia definitiva (Arias, M. 2016).

Uno de los focos es ingresar a estudiar a educación superior, y otro, completamente relacionado es el financiamiento de ésta. Es sabido que para estudiar en nuestro país se necesitan altos recursos económicos, y como se ha comentado previamente, la mayoría de los inmigrantes vienen a Chile en búsqueda de un crecimiento económico. Por esto, es relevante lo planteado por Karina Palma (2017), quien afirma que según un reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) existen 224 estudiantes migrantes que no tienen la posibilidad de acceder a los beneficios estudiantiles a causa de no tener la permanencia definitiva, lo cual es un trámite en ocasiones largo y burocrático de obtener.

Se observa nuevamente la diferencia de trato entre los migrantes con papeles regulares de quienes tienen una situación irregular, y éstos últimos, en definitiva experimentan una doble exclusión: respecto a su derecho territorial y derecho a estudiar.

En conclusión, estamos en deuda con los inmigrantes, existe vulneración de sus derechos desde la nulidad de leyes de Estado hasta los propios chilenos que tienden a ser prejuicios y etiquetadores con lo que consideran diferente. En el ámbito de la educación hay puntos críticos en el acceso, que le dificultan al estudiante migrante poder ejercer su derecho a la educación, en conjunto con, la burocracia asociada a la obtención de beneficios estudiantiles, los cuales, en la mayoría de los casos, los obtienen con el proceso de apelación.

Bibliografía