UNA SITUACIÓN ACTUAL EN MÉXICO

El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) expresó su seria preocupación por la gravedad de la situación de las desapariciones forzadas en México. Al 26 de noviembre de 2021, último día de la visita del CED a México, 95,000 personas estaban registradas oficialmente como desaparecidas en México. De éstas, más de 100 desapariciones presuntamente se presentaron durante la visita del Comité del 15 al 26 de noviembre. El Comité urgió a las autoridades mexicanas a localizar rápidamente a las personas desaparecidas, identificar a las personas fallecidas y tomar medidas prontas para investigar todos los casos.

Según cifras oficiales, al 26 de noviembre del 2021 había más de 95,121 personas desaparecidas en México, de las cuales más de un centenar habrían desaparecido durante su estancia. Se observó que ha habido un aumento en el número de niños y niñas y mujeres desaparecidas, tendencia que se ha agravado durante el COVID-19. Además, los migrantes enfrentan un riesgo especial.

México también vive una grave crisis con más de 52,000 cuerpos no identificados de personas fallecidas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos en México (CNDH) expresó su inconformidad e insatisfacción con la información remitida en diferentes momentos por los órganos de procuración de justicia de las distintas entidades federativas del país, los cuales utilizan de manera indistinta los conceptos: desaparecidas, extraviadas, no localizadas y ausentes, para referirse a todas aquellas personas de las que se desconoce su paradero, situación que vuelve complejo conocer cuántos acontecimientos derivaron de una conducta delictiva imputada y/o cometida por agentes del Estado y/o particulares y cuáles obedecen a otras circunstancias.

Tales conclusiones se sustentan en los resultados obtenidos de los trabajos de campo que personal de esta Comisión Nacional realizó en diversas agencias del Ministerio Público de la República Mexicana, lográndose conocer, entre otras cosas, que pese a que el 19 de agosto de 2015 entró en vigor el «Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada», la mayoría de las y los representantes sociales no observa los lineamientos establecidos en el aludido instrumento normativo, lo que desde luego contribuye a una inadecuada investigación que se traduce en la no localización de la persona desaparecida y, por ende, en la impunidad de los probables responsables de tales acontecimientos.

Otro aspecto que se destacó en el informe de referencia, fue el hallazgo de fosas clandestinas localizadas en territorio nacional que, de conformidad con las cifras oficiales correspondientes al periodo de 1 de enero de 2007 al 30 de septiembre de 2016, dadas a conocer a la CNDH por los órganos de procuración de justicia locales, ascienden a 855 fosas clandestinas, de cuyo interior, fueron exhumados 1,548 cadáveres y 35,958 restos óseos y/o humanos. Muchas de estas fosas fueron localizadas por miembros de la sociedad civil, quienes en su labor incansable por encontrar a sus seres queridos y ante la falta de respuesta adecuada y oportuna de las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia, se ven obligados a hacer lo que en principio le corresponde a la autoridad, convirtiéndose en investigadores que —sin ningún tipo de recursos económicos ni de conocimientos científicos— acuden por sus propios medios a los campos, montañas, cerros, terrenos baldíos, entre otros lugares del territorio nacional, con los riesgos que ello implica a su integridad al realizar excavaciones con herramientas de tipo rudimentario, logrando encontrar hasta ahora un número considerable de entierros ilegales, lo cual, previo a los dictámenes genéticos respectivos, ha llevado a ubicar a víctimas de desaparición.

EFECTOS PSICOSOCIALES

Desde el ámbito de la psicología, la desaparición forzada es una experiencia de carácter traumático que impacta gravemente y de manera integral no sólo el psiquismo individual de los familiares y cercanos al entorno de la persona desaparecida sino las múltiples áreas que componen la vida de estas personas, así como a la sociedad en general.

A partir del momento en que la persona es detenida y desaparecida se produce una ruptura brutal en la cotidianidad del entorno más cercano, su familia y amigos quienes, al no estar preparados para una situación de estas características, tampoco cuentan con los mecanismos para enfrentarlo; el proceso que se desencadena a partir de este instante conlleva una serie de sobre exigencias físicas, psíquicas y sociales para los involucrados y opera como un corte existencial que generalmente marca un antes y un después en su biografía.

Luego del shock inicial, los familiares comienzan a desarrollar una actividad intensa con el fin de encontrar a la persona desaparecida o alguna información que dé cuenta de su paradero y destino, predominan la perplejidad y el asombro, así como los sentimientos de intensa angustia y ansiedad por no saber qué pasó. Al enfrentarse a la negación sistemática de lo sucedido surgen también una serie de sentimientos de frustración e impotencia y se comienza a afectar el sentido de realidad: lo que se ha vivido y sufrido es permanentemente negado por los autores de los delitos, fijando a los familiares en una situación de profunda incertidumbre y vulnerabilidad frente a las autoridades estatales, que en lugar de cumplir con su rol protector se convierten en organismos amenazantes.

Entre los principales efectos psicosociales que se han podido observar en este contexto, por un lado y visto desde lo individual a lo colectivo, se pueden encontrar vivencias de confusión, miedo, desesperanza, vulnerabilidad, pérdida de confianza, dolor psíquico e ideas angustiantes en torno a la figura del desaparecido y su destino, una serie de síntomas clínicos que pueden interferir en la actividad y funcionamiento, así como manifestaciones somáticas de diverso tipo.

A medida que pasa el tiempo, además, en muchos familiares se va produciendo el volcamiento a una conducta única: la búsqueda del desaparecido, como eje dinamizador de todos los proyectos de vida, de los afectos predominantes y de las relaciones sociales; tanto en estos familiares como, incluso, en aquellos miembros que no se vuelcan a esta actividad los proyectos vitales que se tenía hasta antes de la desaparición se alteran profundamente.

A la traumática pérdida del desaparecido se suman otras pérdidas no menos dolorosas: trabajo, escuela, casa, amigos, situación socioeconómica, etc., restringiendo las redes de apoyo de los familiares; las vivencias emocionales de separación y dolor aportan a la generación de una dependencia afectiva y un repliegue dentro de la familia que altera los procesos de diferenciación, individuación y autonomía debido a la angustia y la culpa de reeditar las pérdidas ya vividas.

Desde el entorno social, a su vez, ya sea por el temor o la manipulación de las instituciones, lo que viven los familiares de los desaparecidos es una importante estigmatización social que, sumado a las distintas condiciones de riesgo que experimentan, profundiza aún más su aislamiento, rompiendo los vínculos sociales y privatizando el daño, empujando a los miembros del sistema a vivir en silencio y de forma individual una experiencia que es fundamentalmente social.

El núcleo central del conflicto es la incertidumbre, la pérdida nunca termina de pasar y el duelo queda suspendido en el tiempo, transformándose en una herida que no cicatriza; la única forma de combatir el daño queda supeditada a elementos externos a las familias las que quedan, sin embargo, inmersas en una dinámica extremadamente perversa e imposible de resolver y procesar: si definen y asumen que su familiar está muerto, aun cuando no sea reconocido oficialmente, significa responsabilizarse de esta muerte y es “como si ellos lo mataran”; si esperan encontrarlo vivo deben confrontar y renegar de toda su experiencia cotidiana, del fracaso de la búsqueda, especialmente si han transcurrido años desde la desaparición, lo que implica una serie de exigencias físicas, psíquicas y sociales extraordinarias y profundamente desgastantes.

En todo este proceso de duelo suspendido, además, el principal factor coadyuvante es la impunidad, que implica no sólo el desconocimiento del destino y paradero del desaparecido, la ausencia de restos y la imposibilidad de darles sepultura sino también la falta de esclarecimiento y sanción de los hechos; esta impunidad va contribuyendo a la prevalencia y cronificación de las afectaciones, no sólo en los individuos y las familias sino a través de las generaciones y en la comunidad en general, comprometiendo en forma crónica todas las instancias psíquicas, la conciencia, el lenguaje, la memoria, la percepción, la afectividad, los pensamientos, la orientación temporal-espacial, etc.

Ahora bien, mientras que todo el sistema de la desaparición forzada impide al aparato psíquico la percepción y, por tanto, el acceso a la representación, generando un vacío difícil de resolver que tiende a rellenarse con una serie de fenómenos clínicos, han sido las mismas personas afectadas, los familiares, los colectivos, no obstante, los que han tomado la labor de comenzar las tareas de reestructuración. Es aquí donde las organizaciones de derechos humanos, los grupos de sostén y las mismas agrupaciones de víctimas adquieren un papel fundamental, creando espacios de contención, validación y resignificación que permiten la reestructuración del diálogo, así como la eliminación de miradas parciales y revictimizantes centradas solamente en el malestar y la carencia.

La búsqueda de justicia y la lucha por la verdad en este contexto se transforman, entonces, en tareas simbólicas fundamentales que fortalecen no sólo a los familiares sino a la sociedad en su conjunto, permitiendo dar sentido a lo vivido y aportando a la reconstrucción del tejido social.

Con referencia a lo anterior, es relevante mencionar la importancia de la unión de esfuerzos, de construir el tejido social, acompañar la desesperanza y afrontar la estigmatización por medio de grupos de autoayuda o de personas que presentan situaciones similares, con el fin de compartir experiencias, afrontar las dificultades emocionales y aliviar el dolor, a esto se le suma la importancia del acompañamiento profesional psicosocial o intervenciones psicológicas que se debe brindar ya sean a nivel individual, familiar o grupal de acuerdo a la necesidad de las personas que son afectadas por este hecho victimizante, es importante que se tengan en cuenta las rutas de atención que prestan algunas instituciones u organizaciones que apoyen el proceso para mejorar la calidad de vida de los familiares de personas desaparecidas.

Bibliografía